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La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, presentó los resultados de la Comisión de la Justicia y la Verdad para las víctimas de tortura y asesinato del Estado, entre 1958 y 1998, y dejó pendiente el capítulo de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2014.

El periodo conocido en el país petrolero como “IV República”, primavera de la democracia venezolana, alberga el saldo de más de 10.000 víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, torturadas, asesinadas, y desaparecidas, según el informe final del grupo investigador.

La fiscal general venezolana, que presidió la comisión, reveló la existencia de seis centros de operaciones “y más de 20 campamentos técnicos” con equipos “especializados en prácticas de torturas” desde donde se realizaban interrogatorios, durante esa época en la que, dice, hubo “terrorismo de Estado”.

La Comisión “surgió como respuesta a la violación de los derechos humanos en que incurrió el Estado contra las personas que asumieron la defensa de los derechos del pueblo venezolano luego del 23 de enero de 1958”, tras la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, y la incursión en el régimen democrático, indicó.

El periodo cierra en 1998, año previo al que llegó al poder el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), que saltó a la palestra pública al liderar un fallido golpe de Estado en 1992, y que luego, tras ganar las elecciones, instauró la llamada “V República”.

En esa era pre-Chávez “el asesinato, la tortura, y la desaparición, eran parte de una política del Estado con el que se pretendió derrotar las legítimas luchas sociales del pueblo”, dijo.

Durante la vigencia de la comisión se recibieron 1.387 denuncias, se registraron más de 16.000 víctimas y se identificaron 10.071 hombres y mujeres venezolanos “muertos o desaparecidos en esa etapa oprobiosa”.

Aquellos días se caracterizaron por su arbitrariedad, allanamiento sin orden judicial, privaciones de libertad sin fórmula de juicio, interrogatorios mediante métodos de tortura, y asesinatos en enfrentamientos armados simulados, según los datos del informe.

Se estiló la siembra de evidencias para el procesamiento, la utilización del “enemigo interno”, y la aplicación de infames interrogatorios “con equipos especializados en práctica de torturas que incluían personal médico”.

“Se materializaron allanamientos de la inmunidad parlamentaria, incluso diputados detenidos”, añadió Ortega que se refirió también a la “perversa práctica de procesar militarmente a los civiles en juicios sumarios”.

Con esto la Justicia venezolana comienza a cerrar las heridas de una época y deja pendiente los casos producidos en la era siguiente, gobernada bajo la llamada “revolución bolivariana”, para la que ya se creó otra Comisión de la Verdad de la que aún no se han ofrecido resultados.

Este último periodo suma denuncias por asesinatos, detenciones arbitrarias, represión, torturas, allanamientos sin orden judicial, abusos de autoridad, persecución a la disidencia, especialmente durante las protestas antigubernamentales del 2014, que dejaron 43 muertos según cifras oficiales.

El propio Gobierno que preside Nicolás Maduro propuso la creación de este grupo de trabajo para esclarecer lo ocurrido en esa época de cuya responsabilidad el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente.

El Gobierno chavista también ha sido señalado de cometer excesos policiales durante los operativos de seguridad implementado en la nación, especialmente las recientes Operaciones de Liberación del Pueblo, puestas en marcha en 2015, y una segunda versión de estas llamadas Operación Liberación Humanista del Pueblo (OLHP).

La diputada opositora venezolana Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Interior del Parlamento, asegura ha recibido denuncias de más de mil de personas que habrían sufrido “abusos” durante los megaoperativos policiales OLHP.

Este balance, explicó, incluye decenas de heridos, de personas cuyas viviendas han sido allanadas sin orden judicial, de otras que han sufrido “robos” durante las operaciones y varios asesinados, ninguno de los cuales, según Solórzano, tenía antecedentes penales ni órdenes de detención.

Esos despliegues policiales también han sido criticados por la fiscal general sobre todo después de que en diciembre pasado catorce militares fueran detenidos por su presunta vinculación con una masacre en el centro del país, en la que murieron al menos doce personas, a las que las autoridades reconocieron como “inocentes”.

Fuente – El Carabobeño