(Foto AFP)

Detrás de los mostradores había estanterías de madera donde los restos de polvo eran el único recuerdo de lo que debería haber: pan. No quedaba ni un solo saco de harina de trigo en esa panadería de Plaza Venezuela, un centro neurálgico de la capital venezolana. Su dueña, una portuguesa que llegó al país en los años setenta, no quiere ser nombrada. Dijo que ha colaborado con la Superintendencia Nacional de la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) pero teme que, si no produce pan, intervendrán su negocio como ya ha pasado con al menos cuatro panaderías de la capital venezolana. “La última vez que nos llegó harina fue hace casi un mes, no tengo nada y necesito por lo menos tres sacos al día para mantener esto abierto”, dijo.

La actual crisis de Venezuela se manifestó en 2013 con la caída de los precios del petróleo, pero en los últimos meses se ha intensificado y toca casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Al cierre de 2016, la inflación fue del 550 por ciento según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El Banco Central de Venezuela no publica cifras oficiales desde diciembre de 2015, cuando ubicó los niveles de inflación en un 180,87 por ciento. Fruto de una economía rentista que depende del petróleo, el país requiere de las importaciones para casi todo.

El New York Times indicó que, al bajar los ingresos nacionales por este rubro, también disminuyó la llegada de mercancías a los puertos. La escasez afecta a medicamentos, productos básicos de higiene como papel higiénico, jabón y pasta dental. Y alimentos de primera necesidad como el maíz o el trigo que son importados por el Estado.

Hace una semana se activó el Plan 700 para luchar contra “la guerra del pan”, como ha llamado el presidente Nicolás Maduro a la falta de ese alimento. “La federación de panaderos le declaró la guerra al pueblo, lo tienen haciendo cola por maldad”, dijo el mandatario el pasado 12 de febrero en su programa dominical. El plan del gobierno se concentra “en las 22 parroquias del municipio Libertador —uno de los cinco de Caracas—, donde se concentra el problema de las colas en las panaderías”, dijo el superintendente de la Sundde, William Contreras. Por otro lado, el gobierno dispuso que el 90 por ciento de la harina que posea cada panadero deberá usarse para elaborar pan salado a precio regulado.

Para hacer productos como el popular cachito (una suerte de pan relleno de jamón), dulces o pasteles de hojaldre, solo se puede usar el 10 por ciento restante de la harina.

Desde entonces, se han intervenido cuatro panaderías, otras 436 se han fiscalizado y se ha detenido a dos personas, todas en el municipio Libertador de Caracas. En el este de la ciudad las filas se extienden en dos tandas al día, según el horario que tenga cada panadería y donde se reparte el pan que el gobierno regula: canilla, que es una suerte de baguette, y francés, una variedad más pequeña que apenas se había visto en la capital pero de uso muy común en el interior. También se encuentran otros panes de mayor costo.

El caso más sonado de intervención es el de Mansion’s Bakery, un local en la avenida Baralt, una zona de mucho tránsito ubicada a dos cuadras del Palacio de Miraflores. La Sundde decidió intervenir ese negocio y darle el control a los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP) de la zona. Los CLAP son una forma de organización ideada por Nicolás Maduro hace un año para llevar productos de primera necesidad casa por casa. Están vinculados a los consejos comunales y a los Frentes de Batalla Bolívar-Chávez, unidades de acción electoral de partido gobernante.

Ahora, Mansion’s Bakery se llama Minka y no le vende pan a los transeúntes. “No comercializamos, distribuimos, porque el pan es una necesidad del pueblo”, explicó José Solórzano, miembro del CLAP “Arturo Michelena” que ahora está al frente de la panadería.

“El antiguo dueño no ha aparecido. Tenía varias multas y expedientes, irregularidades como el acaparamiento de harina, sobreprecio, explotación laboral, insalubridad. Por eso la comunidad asume el local mientras el Estado hace su juicio”, le dijo Solórzano a varios medios de comunicación.

A dos cuadras de Minka está Pan Dulce Bolero. Jorge Ríobueno, de 42 años, es el gerente de este negocio familiar que desde hace mes y medio está bajo las directrices de funcionarios del Sundde, que “ponen en una pizarra cuánto tenemos que hacer de cada pan. Tanto de campesino, tantos sacos de francés, de canilla… Pero hace 15 días que no llega la harina. Todo lo que me queda, como mucho, es para esta semana”.

En teoría, la ocupación de Mansion’s Bakery será de 90 días, prorrogables a otros 90 en función de lo que determine la justicia. Pero Solórzano habla con miras hacia el futuro: “Aquí se van a vender tortas hechas por la comunidad. Cuando se acaben los refrescos vamos a vender jugo natural. Dudo mucho que esto regrese al dueño. ¿Para qué? ¿Para que sabotee?”.

En una entrevista en Radio Caracas Radio del 20 de marzo, el dueño de Mansion’s Bakery, Emilio Dos Santos, explicó que “llegaron a cerrar la panadería supuestamente porque no había pan, pero sí estábamos vendiendo en ese momento”, y dijo que el superintendente Contreras lo amenazó y no le permitió justificarse durante la intervención. Dos Santos, con 25 años en el negocio, dijo en la misma entrevista que los trabajadores y la comunidad están de su lado.

Haz click aquí para leer la nota completa

Fuente – El Carabobeño