El secretario general de la OEA, Luis Almagro y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Foto referencial)

Una vez más la mirada de la comunidad internacional apunta hacia Venezuela. Los elevados índices de escasez, inflación, pobreza e inseguridad; la crisis humanitaria en el sector salud; la existencia de presos políticos y persecución a la disidencia; el deterioro de la institucionalidad y la negativa a establecer un calendario electoral, son factores alarmantes que preocupan a un gran número de países alrededor del mundo. Aunque la negación de la realidad se haya convertido en política de Estado para el Presidente Nicolás Maduro.

La Carta Democrática Interamericana es, según la Organización de Estados Americanos (OEA), uno de los instrumentos más completos promulgado para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre las naciones. Fue adoptada por aclamación el 11 de septiembre de 2001 en Lima y, desde entonces, Venezuela figura como firmante.

La aplicación de este mecanismo diplomático representaría la ratificación de que la mayoría de los Estados del continente americano perciben que el Gobierno de Nicolás Maduro ha perdido la legitimidad en el desempeño democrático, al no actuar de acuerdo a su compromiso con la preservación de la democracia en la región, explicó la internacionalista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Giovanna de Michele.

En el artículo 20 de la Carta se establece que “en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, es por ello que Luis Almagro, en su condición de secretario general del organismo, elaboró un informe donde detalla la crisis generalizada que viven los venezolanos, y lo presentará ante el Consejo Permanente convocado para este martes.

¿ES POSIBLE UNA INTERVENCIÓN?

La campaña oficialista que advierte sobre la supuesta injerencia de la OEA carece de argumentos ya que, según lo establecido el acuerdo, no hay posibilidad de intervención en el ámbito militar, ni a través de sanciones económicas de tipo embargo o bloqueo. Solo está contemplado el cuestionamiento al desempeño democrático y la única sanción posible sería la suspensión de Venezuela de la organización. Esto no puede considerarse una medida injerencista “porque, entre otras cosas, el propio Gobierno venezolano suscribió ese compromiso en el año 2001, siendo presidente Hugo Chávez” recordó de Michele.

Si el país llegase a ser suspendido, quedaría al margen de todo sistema interamericano:

  • Perdería el derecho a voto y participación en las instancias del organismo.
  • Perdería la posibilidad de beneficiarse de los órganos financieros del sistema.
  • El Estado venezolano sería escrutado y vigilado con ahínco por las autoridades de la OEA en cuanto al desarrollo de sus funciones y el ejercicio del poder.
  • Los demás países miembros asumirían que Venezuela no tiene un Gobierno democrático.

ACTIVACIÓN DE LA CARTA

Según la analista internacional, esa decisión no es un escenario probable para este martes. “Lo máximo que pudiera suceder en la reunión del Consejo Permanente es que los países apoyen el contenido del informe de Almagro. La suspensión amerita que se den otra serie de pasos que todavía no se han iniciado en el marco de la organización”.

Al menos 18 de las delegaciones representadas en la sesión del consejo permanente deben votan a favor del informe para que se considere “activada” la Carta Democrática. En consecuencia se pudiera conformar, entre otras cosas, un grupo de países que se encarguen de persuadir y hacerle comprender al Gobierno venezolano la necesidad de retomar el hilo constitucional para restablecer nuevamente el orden democrático.

Si pasado un tiempo prudencial eso no se logra y el Ejecutivo continúa actuando al margen de lo esperado dentro de un sistema democrático, la OEA convocaría a una Asamblea Extraordinaria y es allí cuando sometería a votación la conveniencia o no de suspender a Venezuela del sistema interamericano. “Pero para que eso pase todavía falta mucho camino por andar”.

CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay forma de que el Gobierno se valga de algún artilugio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por ejemplo, para derogar los efectos de la carta si llegase a ser aprobada su aplicación. “Es un documento firmado por Venezuela y forma parte de los acuerdos constitutivos de la OEA. Las obligaciones que ella genera no pueden ser ignoradas en función de la aplicación del ordenamiento jurídico interno. Eso no es factible”. Retirarse de la organización es la única alternativa que tendría el Estado para incumplir con su contenido.

Hoy en día vivir en democracia se considera un derecho humano, es un tema que está por encima, inclusive, de la Carta Democrática Interamericana. Aunque el país decidiera retirarse de la OEA, “todavía estaría obligado a mantener el desempeño democrático que todos esperamos de un Gobierno que llegó al poder por la vía electoral.

ANTECEDENTES

La Carta está dividida en seis capítulos: I) La democracia y el Sistema Interamericano; II) la democracia y los Derechos Humanos; III) Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza; IV) Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática; V) La democracia y las misiones de observación electoral; y VI) Promoción de la cultura democrática.

Hasta 2016, el capítulo IV fue invocado diez veces. En siete ocasiones se aplicó de manera preventiva para evitar el escalamiento de crisis político-institucionales, que podrían haber puesto en riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrático. En otros dos se aplicó en momentos considerados como rupturas del orden democrático. Y en el caso particular de Venezuela, en el 2002 invocó por primera vez la Carta pero el pasado año por primera vez se aplicó en función del artículo 20, donde quien hizo la solicitud no fue el propio Estado venezolano sino el secretario general de la OEA.

Los otros países en los que se invocó el documento son: Ecuador (2005, 2010); Bolivia (2003, 2005, 2008); Nicaragua (2004 y 2005), Perú (2004) y Honduras (2009).

@KevinArteaga

Fuente – El Carabobeño